Los derechos reproductivos en Argentina

Los derechos reproductivos en Argentina

Los temas de los derechos reproductivos y del acceso a la anticoncepción siempre han sido muy polémicos en Argentina. Por causa de una influencia fuerte del Catolicismo en la historia del país además de la tradición de mujeres como miembros de una clase inferior siempre había una falta de atención prestada al tema y barreras en el acceso a la anticoncepción y a recursos de planificación familiar. En 1974 acceder a la anticoncepción y a los recursos se convirtió en algo casi imposible cuando el presidente, Juan Perón publicó un decreto que prohibió la distribución de anticoncepción y limitó la posibilidad de provisiones de información y servicios respecto a la salud reproductiva. Este acto y el tabú persistente del asunto se pueden atribuir a muchos factores diferentes como el papel de la iglesia católica, la tradición del machismo, el nacionalismo, el foco en la aumentación de la población, y el rol procreador tradicional de la mujer, entre otros. A pesar de que el gobierno revocó este decreto en 1985 cuando ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el gobierno no trató de este asunto directamente hasta 2002. En este año el congreso pasó la Ley Nacional 25.673 de Creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable para intentar de hacer carga del asunto de los derechos reproductivos en este país en desarrollo. Sin embargo, a pesar de cambios necesarios, todavía existen violaciones de los derechos reproductivos en Argentina. En este ensayo, analizaré las leyes corrientes respecto a los derechos reproductivos, los obstáculos en el acceso a la anticoncepción y los recursos de la planificación familiar, las consecuencias sociales y económicas de estos obstáculos, y por fin, haré comentarios sobre los cambios que están ocurriendo en el país ahora y los cambios que necesitan ocurrir para garantizar la protección de los derechos reproductivos y la procreación responsable.
En 2002 el gobierno pasó la Ley Nacional 25.673 Creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable. A pesar de que mucha gente no creía que esta ley hiciera bastante para cambiar la situación en el país porque no dirigió el aborto ni la ligadura de trompas, realmente amplió los derechos reproductivos de la mujer e intentó a garantizar el acceso generalizado a la anticoncepción. Entre otros objetivos, la ley se promulgó para “prevenir embarazos no deseados, alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable”. Esta ley garantiza la distribución gratuita de todas las formas legales (no-abortivos) de anticoncepción en cada hospital público y asegura el acceso a los recursos y la información necesarios para animar los embarazos deseados, responsabilidad personal, y procreación responsable.
En teoría, esta ley en un paso grande en la expansión y la protección de los derechos reproductivos, sin embargo, en realidad, muchas mujeres todavía se encuentran con muchos obstáculos en el acceso a la anticoncepción y la planificación familiar cuales violan sus derechos garantizados. En general los derechos reproductivos de la mujer se violan en tres maneras distintas, debido a: la falta de educación o la provisión de información incompleta o errónea, barreras económicas, y/o presión familiar. En un nivel muy básico, muchas mujeres nunca aprenden sobre sus derechos ni sobre las leyes nacionales. También a menudo ellas reciben información incorrecta de gente de confianza. Actualmente en Argentina no hay un programa nacional de educación sexual en las escuelas secundarias y frecuentemente cuando las mujeres intentan a conseguir información respecto a su salud reproductiva, son mal informadas por los oficiales de salud pública. A pesar de que es difícil probar la provisión de información incorrecta, en un estudio de 2005 por The Human Rights Watch algunas mujeres argentinas afirmaron que algunos médicos en hospitales públicos han rehusado distribuir anticoncepción gratis y/o han proporcionado información incorrecta tal como la ineficacia de preservativos y de la pastilla. Una mujer dijo “me había ido al ginecólogo … [y] opté por la pastilla. Pero ella me dijo que después [de tomar la pastilla] había que hacer el tratamiento para quedar embarazada, y que no valía la pena”. Esta información incorrecta claramente es una violación directa de los derechos reproductivos de la mujer en este país. Cuando se combinen esta desinformación con la falta de educación sexual en las escuelas secundarias, a menudo es muy difícil para las mujeres aprovechar los servicios indicados en la ley nacional por causa de una falta de conocimiento.
Hoy en día en Argentina, incluso cuando las mujeres puedan conseguir información completa y correcta e incluso cuando sepan sus derechos, con frecuencia por causa de barreras económicas ellas se enfrentan dificultades cuando intenten acceder a la anticoncepción y a los recursos de planificación familiar. A pesar de que la ley nacional dice que todas las formas legales y no-abortivas de anticoncepción tienen que ser distribuidos gratuitas en cada hospital público, a menudo los hospitales no proporcionan los servios o intentan a sortear la ley para que las mujeres paguen. Según una mujer argentina, entrevistada por The Human Rights Watch, “por algunos lados te los dan gratis [los anticonceptivos], y por otros lados no te los dan gratis”. Otra mujer dice, “el estado nos da el DIU [dispositivo intrauterino] gratuito, pero te cobran el controlarlo, 15 pesos”. También para muchas mujeres, el costo de transportación a los hospitales es un gran problema. En un país como Argentina donde casi 40% de la población vive en la pobreza, es un desafío para muchas mujeres para irse del trabajo y pagar el viaje al hospital, a menudo muy lejos. Una mujer argentina, Yanina Carlotto preguntó, “Si ni tenés para darles de comer a los pibes, ¿cómo vas a utilizar 2.50 para el autobús [para llegar al hospital]?” Ana Sánchez, otra mujer entrevistada, dijo, “la gente no tiene la plata, aunque es un billete mínimo. A veces no tenés 3 pesos para ir y venir [al centro de salud], y tenés que volver a ir y venir”. En general esta barrera es más problemática para las mujeres más pobres quien son las que tienen la más necesidad de estos servicios.
Aún cuando las mujeres tienen el conocimiento del tema y pueden pagar los servicios o han encontrado un hospital que proporciona los servicios gratuitos, frecuentemente se enfrentan a barreras adicionales en el nivel familiar. Muchas mujeres en Argentina hoy en día todavía están completamente sujetas a las decisiones de sus esposos quienes pueden prohibir el uso de anticonceptivos. Según una mujer argentina, “no quería tener tantos [hijos,] pero él no me dejaba [usar anticonceptivos]. ... Yo empezaba con las pastillas cuando él estaba fuera y él las escondía cuando volvía. … Me quería colocar el DIU pero [él] no me dejaba.”. Hay muchas razones por estas acciones: la religión, la tradición de machismo en el país, y/o el deseo de tener más hijos sin la aportación de la esposa. Frecuentemente estos esposos recurren a violencia física y sexual. En Argentina en 1999, casi 25 por ciento de todas las mujeres en Argentina sufría de la violencia domestica de forma regular y 50 por ciento sufría de este tipo de violencia en algún momento en su vida. En un país donde muchas mujeres no denuncian la violencia domestica porque no quieren perder sus hijos, hay una falta de refugios para mujeres maltratadas, y donde la policía a menudo no son dispuestos a denunciar este tipo de crimen, muchas mujeres tienen que quedarse en relaciones violentas. Según una mujer, “yo estuve catorce años juntada con él. Él me pegaba [y] el maltrato se había vuelto normal. … Él siempre me decía: ‘Yo te voy a llenar de hijos y no vas a irte de mi lado’”. Este tipo de obstáculo en el acceso a los servicios reproductivos es lo más peligroso, produce lo más miedo en mujeres, y en general está fuera del control del gobierno.
Con frecuencia, los legisladores y el público en general no enfocan en los temas de las violaciones de los derechos reproductivos porque las consecuencias de estas violaciones son ignoradas, desconocidas, y/o subestimadas. En realidad, las violaciones de estos derechos tienen consecuencias graves, incluso el embarazo adolescente, niveles aumentados de pobreza, la perdida de libertad por causa de embarazos no deseados, la mortalidad materna, y el aborto, entre otras. Por ejemplo, los obstáculos en el acceso a la anticoncepción ya indicados, tienen un impacto evidente en el nivel de embarazo adolescente. En este país, donde no hay un programa nacional de educación sexual, 34 por ciento de adolescentes dicen que no usaron ninguna forma de anticoncepción durante sus primeras experiencias sexuales y en 2003, 17.5 por ciento de todos nacimientos en el país eran de madres adolescentes. El embarazo adolescente mundial, no solo en Argentina, ha estado probado a llevar a un nivel aumentado del abandono de estudios, el desempleo, la pobreza, y la dependencia económica en el gobierno. Sin embargo, estos problemas no son exclusivos a las madres adolescentes. En general muchas mujeres se enfrentan a algunas privaciones económicas cuando tienen embarazos no deseados. Una mujer quien hizo un comentario sobre su desesperación y su elección posible de un aborto ilegal dijo, “después del último [tercero], no quiero tener más [niños]. … Ahora trabajo en el Plan Jefe de Hogar por 150 pesos al mes… [Mi esposo] tiene un trabajo de taxista que es pan para hoy y no para mañana. … Así como yo estoy, no hay [dinero] para tener otro. Pienso que si tengo que hacerlo [tener un aborto], me duele el alma y que Dios me perdone, pero no sé si no lo haría. Y yo te digo que soy enemiga del aborto”.
Esta desesperación es el sentimiento que da a la consecuencia más grave de las violaciones de los derechos reproductivos, el aborto. Hoy en día en Argentina el aborto es legal solamente si la vida de la madre está en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación a una discapacitada mental. Sin embargo, cada año casi 500.000 abortos ilegales, inseguros y frecuentemente letales, 40 por ciento de todos los embarazos, se practican en este país. Porque el aborto es ilegal, a menudo se practican en lugares inseguros y no-sanitarios y a veces por la madre misma. Cada año 90.000 mujeres van a hospitales con hemorragias, laceraciones, y otras heridas internas después de abortos clandestinos. Por décadas, los abortos chapuzados han sido la causa principal del muerto maternal en el país.
En realidad se cree que estas estadísticas son cálculos muy malos por causa de la ley corriente que requiere la castigación de las mujeres que piden abortos y de los médicos que los practican. Debido al riesgo de encarcelación por causa del Código Penal de Argentina, muchas mujeres no quieren ir al hospital para cuidado médico después de un aborto mal hecho. Según un estudio de 2001, casi 60 por ciento de los médicos entrevistados dijeron que denunciarían a una mujer si viniera a su hospital con síntomas de un aborto auto-inducido. Además, por causa de la culpabilidad de los médicos que practican los abortos, los muertos por causa de los abortos mal hechos, a menudo se atribuyen a otros factores. Por ejemplo una mujer argentina que le acompañó a una amiga a un aborto dijo que su amiga “entró [en la clínica clandestina] y no salió jamás. ... Dijeron que era un problema de anestesia. Murió allí mismo. ... Dijeron que había muerto de un ataque cardiaco. … Yo sólo fui a acompañarla y me quedé afuera. … Legalmente salió como que eso no fue nada”. Debido al Código Penal y a la castigación por causa de los abortos, no solo es casi imposible producir estadísticas exactas, sino también las mujeres corren el riesgo del muerto y otros problemas de salud por causa de la desgana de pedir cuidado médico.
A pesar de que esta situación parece bastante desesperada, y pesar de que éste es un tema muy polémico en Argentina, lentamente algunos cambios están ocurriendo. En general por causa de la elección de gente como Carmen Argibay y Ginés González García quienes apoyan los derechos reproductivos, ha habido una liberalización lenta del gobierno del país. Además, como se dijo antes, uno de los obstáculos más grande en la aplicación de los derechos reproductivos es la educación sexual. Recientemente, en un voto de 54-1, el congreso pasó una ley que requiere educación sexual en todas las escuelas en el país desde los cinco anos. En un estudio, 95 por ciento de adolescentes entrevistados están de acuerdo con esta ley nueva. Si se pone en práctica esta ley en los años que vienen, tenga un potencial para aumentar drásticamente el conocimiento sobre la anticoncepción, la planificación familiar, y los derechos reproductivos en general. Además, a partir de mayo de 2006, el gobierno empezó un proyecto para discutir una modificación del Código Penal para despenalizar el aborto. La modificación sugerida dice que “No es punible la mujer cuando el aborto se practicare con su consentimiento y dentro de los tres meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieren excusable”. Tampoco sería castigado el médico que se practica el aborto "con el consentimiento de la mujer, cuando previamente la haya asesorado sobre las consecuencias del hecho y las razones existentes para preservar la vida del feto". A pesar de que el resultado de este proyecto todavía es desconocido, es un paso adelante crucial.
Muchos cambios están ocurriendo en este país ahora, pero todavía muchos más necesitan ocurrir para proteger los derechos reproductivos y para terminar las violaciones de estos derechos. En un nivel muy básico, los servicios y derechos garantizados en la Ley Nacional 25.673 y en la ley nueva de educación sexual, necesitan aplicarse. El gobierno y los hospitales necesitan proporcionar los servicios garantizados gratuitos, información comprensiva y correcta, y necesitan comprometerse a la procreación responsable y la planificación familiar. Además, para garantizar el acceso a todas las mujeres en el país, los centros de salud público, además de los hospitales deben proporcionar los servicios de salud reproductiva. Estos centros públicos en general están ubicados en lugares más convenientes y están disponibles a más mujeres más fácilmente. También, el gobierno necesita mejorar y aumentar otros servicios para mujeres. Se necesita más refugios para mujeres maltratadas, más psicólogos en los hospitales que saben como reconocer las señales de la violencia doméstica, y el cuidado post-aborto más humano, entre otros. En un nivel más profundo, el público en general necesita discutir y reevaluar algunas tradiciones sociales para cambiar la situación de desigualdad. A pesar de que mucha gente cree que los derechos reproductivos son exclusivamente asuntos de la mujer, los hombres también necesitan recibir educación sobre el tema. Además de saber las leyes y los factores biológicos, se necesita hacer cargo de algunas tradiciones sociales como el rol procreador de la mujer y el sentido fuerte de machismo en el país para que algunos cambios necesarios ocurran. A pesar de que esta barrera es mucho más difícil vencer por causa de tradiciones sociales arraigadas, con un compromiso con la igualdad, los cambios son posibles. Afortunadamente, los cambios ya están ocurriendo en este país, sin embargo hasta que el gobierno y el público en general se den cuenta de que los derechos reproductivos son derechos humanos y que las violaciones de estos derechos tienen consecuencias graves en la sociedad en general, la mujeres argentinas seguirán muriendo y viviendo vidas de desigualdad.

Kolbe Franklin

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